La Corte Constitucional se pronunció hoy sobre una tutela que interpuso una pareja de campesinos que pedían ser reconocidos como víctimas de desplazamiento forzado por razones ambientales.

Los labriegos de 63 y 66 años indicaron que tuvieron que dejar su predio por las constantes inundaciones del río Bojaba, alegando que no habían podido retornar a la tierra que les garantizaba su sustento.

Los demandantes le solicitaron a la Unidad para la Atención y Reparación Integral para las Víctimas (UARIV) ser reconocidos como víctimas de desplazamiento forzado interno y recibir los mismos beneficios que se otorgan a otros desplazados la Ley de Víctimas. Sin embargo, la UARIV rechazó la solicitud por no cumplir con los requisitos que se exigen para la demostración de ser víctima del conflicto armado.

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La Corte entendió que el marco legal del país no reconoce de manera expresa el fenómeno del desplazamiento forzado por factores ambientales y advirtió que la normatividad existente se ha centrado en la atención de desastres naturales y en la protección de las víctimas del desplazamiento forzado interno a causa del conflicto armado, pero ha dejado de lado el fenómeno de desplazamiento causado por otros factores, como los hechos asociados al cambio climático de evolución lenta.

El alto tribunal indicó que la población desplazada por este fenómeno debe tener una atención urgente y priorizada pues se trata de un fenómeno que ya impacta de manera importante a la población colombiana, especialmente a aquella en mayor condición de vulnerabilidad.

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La sentencia advirtió que, además de su condición de desplazados forzados internos, en los accionantes concurren otros factores que exacerban sensiblemente sus condiciones de riesgo como el hecho de ser campesinos y adultos mayores.

También exhortó al Congreso para que desarrolle un marco normativo comprensivo para atender el fenómeno del desplazamiento forzado interno por factores ambientales.